Noticias de Perú · 05:46
«San Miguel de Huallhua (Perú); 800 campesinos atacan a cinco presuntos ladrones de ganado y los queman vivos. El artículo 149 de la Constitución peruana otorga a las autoridades indígenas la capacidad de administrar justicia; o dicho con otras palabras, crea espacios de impunidad donde los derechos se sacrifican en la pira de las «diferencias culturales». Cuando los sucesos alcanzan un grado suficiente de atrocidad, llegan a los medios y preocupan al Estado. De lo contrario, ni llegan ni preocupan.
El primer deseo en un país donde varios millones de personas carecen de DNI y el Estado brilla por su ausencia, es ser. Peor que un Estado opresivo es un Estado inexistente; uno que se lava las manos en educación, sanidad, justicia, infraestructuras. Y así estaban las cosas cuando las autoridades descubrieron el filón del multiculturalismo. Si el Estado delega las competencias, ya no es responsable. En todo caso, será un problema étnico.
El día a día de las comunidades indígenas no coincide con la estampita del turismo político. Es marginación, violencia, pobreza, sometimiento de las mujeres, trabajo infantil, antes a cuenta de la omisión del Estado y ahora a cuenta de la tradición y la cosmogonía. Un autor con buen tino lo resumió en el lema «abajo los indios, vivan los incas». Abajo los derechos y lo real; vivan el mito y el folclore, que avivan el nacionalismo y salen baratos. Por eso, cuando la semana que viene llegue el 12 de Octubre, la culpa se la echarán a Francisco Pizarro.»
Texto perteneciente a la columna América, del diario Público (España, 6 de octubre).
— Jesús Gómez Gutiérrez
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