Asco · 28 de marzo de 2014

Miguel sigue en la cárcel. Lo detuvieron el 22M y, con la rápida ayuda de los medios, se consiguió algo más que privarlo de su libertad por un supuesto delito de lesiones, como si la prisión preventiva no fuera abuso suficiente: se consiguió que para muchos, incluidos algunos de los que estuvieron en la manifestación, Miguel sea sospechoso, dudoso, técnicamente culpable.

Estos son los hechos del 22M, según el informe del equipo jurídico de las Marchas: Desde el viernes 21, la policía detiene alrededor de 100 autobuses de manifestantes y efectúa «identificaciones y registros indiscriminados sin existir motivo para ello». Más tarde, irrumpe en la manifestación y realiza varias cargas que terminan con 108 heridos y 21 detenidos, varios de los cuales sufren tratos «humillantes y vejatorios». Ya en comisaría, niega «medicamentos y material higiénico necesario» a las mujeres y somete a los hombres a «siete horas de pie con los brazos en alto», «cambios de temperatura bruscos e intencionados» y «privación de comida y agua y de la posibilidad de acudir al baño durante las primeras 24 horas». Entre tanto, funcionarios públicos muestran pruebas falsas en la prensa, insultan a familiares de detenidos y amenazan a uno de los abogados de las víctimas.

Ninguno de los policías y desde luego ninguno de los periodistas que participan en el proceso de criminalización de las marchas se encuentra en prisión; pero, extrañamente, un sector de la propia izquierda lo desestima, asume como naturales los hechos mencionados, descarga sus consideraciones falsamente éticas sobre la supuesta violencia de los manifestantes y condena con su sospecha y su silencio a Miguel M. S. porque los medios han dicho que merece sospecha y silencio.

Madrid, marzo.


— Jesús Gómez Gutiérrez


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