Países serios · 22 de agosto de 2008
El litigio sobre el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 en la batalla del cabo de Santa María, ofrece pocas dudas. La empresa estadounidense Odyssey cometió un delito y el Gobierno español hizo lo que debía: intervenir y denunciar el expolio. Es una lástima que el desinterés oficial y sobre todo el paréntesis de 40 años de dictadura y algo menos de dictablandas impidieran que España defendiera sus derechos en el pasado. Pero ya no estamos en ese pasado. Nuestros gobiernos tienen la obligación de conservar el patrimonio cultural.
Como han declarado el director general de Bellas Artes y el subdirector de Patrimonio Histórico, no se trata de repartir un botín sino de cumplir la legalidad y llevar la carga del buque, «común a otros países hispanoamericanos, a instituciones culturales adecuadas para ello». Si España ha intervenido en este caso ha sido únicamente porque La Mercedes estaba aquí, en la Península Ibérica, no en aguas de Colombia ni de Méjico ni desde luego de Perú. Cualquiera que tenga el interés o la curiosidad suficiente para informarse, sabe cuál es la política tradicional española sobre los naufragios de la época colonial en aguas americanas: renunciar a cualquier derecho en favor del país amigo en cuestión.
Por eso, cuando el Gobierno peruano decidió ejercer de tal a mediados de agosto y plantear una reclamación por el tesoro, los bienpensados nos alegramos de que por fin, un año después de que surgiera el problema, apoyara de forma activa las tesis españolas. Pero también hay gente, los malpensados, que afirman otra cosa. Y puede que les ampare alguna razón. Es ciertamente sospechoso que el ladrón felicite al Ejecutivo de Alán García y le aplauda por plantear «una cuestión oportuna sobre quién es el verdadero propietario de los beneficios culturales y económicos derivados de las naciones colonizadas» (sic).
Por mi parte, estoy seguro de que los directivos de Odyssey se van a arrepentir de insultar a la inteligencia de los peruanos con un ejercicio de demagogia tan barato. También estoy seguro de que el Gobierno de Alan García no entrará en componendas como la que protagoniza República Dominicana con otra Nuestra Señora, esta vez galeón, que no fragata, y de la Concepción. Porque los gobiernos serios sólo tienen una cosa que decir en estas cuestiones; lo que dijo Pilar Luna, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Méjico, cuando Odyssey quiso investigar los mares mejicanos: que nuestro patrimonio sumergido «no está en venta ni se subasta ni se negocia».
Madrid, 22 de agosto.
— Jesús Gómez Gutiérrez
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