España y Europa · 30 de abril de 2009

Rodríguez Zapatero reprende a los que muestran impaciencia ante las medidas económicas del Gobierno (a quién reprende, en concreto, es otra cosa: se anda por las ramas). Y tal vez le asista alguna razón allá donde ha tomado alguna medida. Porque en lo demás, que en España es principalmente el mercado inmobiliario, esto es lo que se ha hecho desde el año 2004 y lo que aparentemente se piensa hacer en el futuro: nada. Reformar un sector tan importante de nuestra estructura productiva, y empezar a sustituirlo por algo digno de un país desarrollado, es peligroso. Mejor esperar, ver lo que pasa, ser cautos. Pero la cautela es decisión y tiene perdedores: los de abajo, que no pueden esperar.

En su resolución del 26 de marzo, el Parlamento europeo condenó a todas nuestras administraciones («central, autonómicas y locales») por organizar y sostener «un modelo de desarrollo insostenible» con «gravísimas consecuencias» sociales que viola las leyes de la Unión y la propia Constitución española. Lástima que las decisiones del PE no sean vinculantes. Abuso, expolio, fraude, corrupción, falta de transparencia, destrucción de los bienes culturales, daños irreparables a la biodiversidad, daños a la imagen y a los intereses económicos y políticos de España en Europa, etcétera, etcétera. El calificativo más suave que dedicó el Parlamento a nuestros dirigentes fue el de «irresponsables». No pidió la congelación de los fondos de cohesión y la interrupción de los estructurales por capricho; no exigió la abolición de «todas las figuras legales que favorecen la especulación» por matar el tiempo.

El sistema productivo español es causa: de salarios bajos, de récords de desempleo, de inseguridad laboral, de diferencias de renta inadmisibles, de falta de competencia, de subdesarrollo en suma. Pero primero es efecto: de la debilidad del Estado y del carácter preindustrial de unos empresarios que, excepciones aparte, sólo entienden la economía en términos de consecución/dilapidación rápida de capital. Si eso no se cambia, el sistema productivo tampoco lo hace. Si eso no se explica, tampoco tendremos la fuerza social necesaria para forzar los cambios: la gente no verá sindicatos responsables y con un concepto claro de las necesidades del país, sino organizaciones que no los representan; la gente no verá partidos que defienden sus intereses, sino una aristocracia cuya buena fe pesa menos que el cariño a sus piscinas.

Entre tanto, los expulsados de la política podemos hacer algunas cosas. En primer lugar, estaría bien que el 1º de Mayo tuviera una dimensión más contundente de lo habitual en estos días; hay que demostrar a los empresarios y a sus representantes en la Carrera de San Jerónimo que estamos dispuestos a hacer de su mal negocio para España un mal negocio para ellos. En segundo lugar, deberíamos reflexionar sobre el marco: el 7 de junio se celebran elecciones al Parlamento de la UE, que no es ni más Unión ni más política porque los gobiernos nacionales, dominados en el continente por la derecha, necesitan la oscuridad de los Estados-nación para seguir con sus trapicheos. De eso, desgraciadamente, también sabe la izquierda. Si su apuesta por la internacionalización fuera más sólida, no nos pondría en el brete de pasar por tamices nacionales, sujetos a coyunturas y castigos nacionales. Tendríamos partidos verdaderamente europeos. Y un motivo limpio para votar.

Madrid, 1 de mayo.


— Jesús Gómez Gutiérrez


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