Culpable · 16 de febrero de 2011

Dice el Tribunal Supremo, en su fallo contra el poeta Miguel Hernández, que la sentencia de los jueces franquistas fue «radicalmente injusta». Dice que la ley de Memoria histórica ya declara su «ilegitimidad por vicios de fondo y forma» y que, por tanto, no hay más que hablar. Lo que no dice el Tribunal Supremo es la palabra que le pedían los familiares del poeta, alrededor de cien organizaciones sociales y políticas y, en general, cualquier persona que crea en el Derecho emanado de Núremberg: inocente.

Cuando los socialistas aprobaron la ley en cuestión, algunos nos engañamos con la posibilidad de que su negativa a anular las sentencias fuera una estrategia para evitarse problemas en lo político y encontrar la solución en los tribunales. Sin embargo, la fiscalía del Gobierno tardó poco en sacarnos del error; los socialistas no buscaban un Garzón que defendiera Núremberg y, con ello, las bases de la propia democracia; los socialistas buscaban y habían conseguido una ley de punto final, una ley que, por muchas adjetivaciones que dedique a la injusticia de la historia, mantiene la validez de los juicios franquistas.

No es el Tribunal Supremo quien condena hoy a Miguel Hernández por el viejo procedimiento de lavarse las manos. A Miguel Hernández, como a tantos otros, lo condenó el Gobierno de Zapatero. Es su ley. Con su redacción. Con sus intenciones. Es la ley que también ha permitido archivar la causa por crímenes contra la humanidad, que ha terminado con Garzón en el banquillo de la extrema derecha. Es una ley que ratifica las decisiones jurídicas del fascismo y que se utiliza, como denunciaba Amnistía Internacional hace poco más de un año, « para oponerse a la obligación del Estado de investigar en sede judicial los crímenes del pasado y de reconocer los derechos de las víctimas».

Se puede alegar que el TS tenía la obligación de someter la ley del Gobierno a la legislación internacional, que no admite dudas al respecto; pero la ley no suele fallar contra el autor de la ley. Que no se engañe nadie sobre el responsable último de esta nueva condena a Miguel Hernández y, por extensión, a todos los que lucharon por la República española y por la democracia. Los jueces del sector conservador del TS, herederos ideológicos del franquismo, se han aferrado a la ley para seguir siendo coherentes con sus ideas. Los jueces del sector progresista del TS, deudores del Gobierno, se han aferrado a su ley para poder decir «radicalmente injusta» mientras sentencian que Miguel Hernández es, jurídicamente, culpable.

Madrid, febrero.


— Jesús Gómez Gutiérrez


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