Inhabitable · 28 de enero de 2010

Parece que el Gobierno se ha empeñado en desconcertar a sus votantes y al conjunto de la izquierda. Tras una reacción firme frente la demagogia de PP y CiU en materia de inmigración, llega el anuncio de una reforma que permitirá denegar el empadronamiento por «inhabilitabilidad», es decir, cuando las viviendas superen una cantidad determinada de personas por metro cuadrado. La explicación oficial, evitar fraudes, sería razonable si esto fuera Alemania, Francia u Holanda; pero en España, donde decenas de miles de inmigrantes viven hacinados porque la vivienda es un lujo y no les queda más opción, la medida de los socialistas suena a miedo a la derecha o, peor todavía, a desprecio de la realidad.

El problema de la vivienda en nuestro país no se limita a los precios abusivos y a la debilidad del mercado de alquiler; por si eso fuera poco, los propietarios y los bancos exprimen o rechazan directamente a cualquiera que pretenda alquilar sin un sueldo astronómico, avales sobre las vidas de toda una familia o varios miles de euros inmovilizados en una cuenta. La situación, que condena a millones de españoles a malvivir en condiciones tercermundistas, no sólo es especialmente grave cuando se trata de inmigrantes, sino también en sectores laborales concretos, como bien sabemos los autónomos: carecer de nómina o de propiedades equivale a ser un paria.

Cualquiera que conozca Madrid, por ejemplo, y no pertenezca a ese mundo de chalets adosados y piscinas que tiene confundidos a tantos políticos, sabe que el hacinamiento es una situación habitual y obligatoria para muchos inmigrantes, sin que medie necesariamente ninguna mafia; es una consecuencia más del modelo productivo del ladrillo. Situar la habitabilidad de una vivienda en un mínimo de diez o veinte metros por persona sería una medida excelente si antes se atacaran los problemas que provocan el hacinamiento; como no se atacan, estamos ante otra de esas leyes impracticables, o de formulación general e intención excepcional, que nuestras élites se sacan de la chistera cuando ruge el fascio y los sondeos electorales les son adversos.

Como detalle último, cabe recordar que hasta el cálculo de espacio por persona es una misión imposible; al dejar hacer a defraudadores y especuladores, el Estado y las administraciones locales y autonómicas han permitido que gran parte del mercado de alquiler se encuentre en negro, fuera de la legalidad y del propio sistema métrico. Pero en fin, esto es España, «un país serio», como decía ayer nuestro presidente. Entre tanto, cada inmigrante compartirá pasillo con quince más y cada día seguirá aumentando el número de estudiantes y trabajadores españoles que se apilan en ratoneras con tres, cuatro o cinco como ellos. Quién ha dicho que en la Moncloa carecen de sentido del humor.

Madrid, enero.


— Jesús Gómez Gutiérrez


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