4.300 milones · 15 de junio de 2011
No hay sitio adonde volver. En un ejercicio puramente teórico, si descontáramos la crisis financiera internacional, la deuda y los efectos del boom inmobiliario en la economía española, no estaríamos donde antes; estaríamos peor que antes, en un Estado con menos recursos y una economía más débil. El mundo ha cambiado; pero no estamos aquí porque el mundo camine en una dirección y España se vea obligada a seguirla; lo estamos, como todos, porque nuestras élites tienen un proyecto incompatible con los intereses de la mayoría.Mientras la UE debate sobre palabras para no llamar quiebra a la quiebra de Grecia; mientras se filtra que la situación de EE.UU. es comparable a la helena; mientras se anuncian años de sangre, sudor y lágrimas y la banca internacional se frota las manos, pasamos por alto noticias que no son tan dramáticas en comparación, pero que tal vez explican mejor lo sucedido. Por ejemplo, el informe de la Plataforma Rural y de Veterinarios sin Fronteras sobre el destino de los fondos de la Política Agraria Común (PAC). Alrededor de 50.000 millones de euros procedentes de los impuestos de los europeos.
Como afirman los autores del estudio, «el dinero del contribuyente sirve básicamente para financiar a las grandes empresas del sector alimentario y el agronegocio». Los datos son apabullantes: el 16% de los beneficiarios se queda con el 75% del total. ¿Y quién se encuentra en ese 16%? En España, Azucarera Ebro (filial de British Sugar), la francesa Tereos Syrial, García Carrión, Mercadona, Osborne, Freixenet, Nueva Rumasa, Carrefour, etc. Sólo el dinero que acaba en manos de la primera equivale a las subvenciones que reciben 13.000 agricultores; más que todo lo recibido por las juntas de Galicia y Castilla León para sus programas de desarrollo rural; más que todas las ayudas de la UE al sector lácteo.
Entre tanto, la renta agraria «se ha reducido un 27,4% en siete años» y los agricultores se enfrentan a unos precios «injustos e insostenibles» que, curiosamente, no se parecen mucho a los que se ofrecen al consumidor final; según el informe, «la diferencia entre lo que cobra quien produce el alimento y quien se lo come es de un 450% de media». Así no es extraño que el margen de beneficio de las grandes empresas siga creciendo: un 24% en el año 2010. Lo extraño es que la Unión Europea y nuestras administraciones públicas consideren que esas grandes empresas necesitan 4.300 millones de euros adicionales de los fondos de la PAC.
Desde finales de la década de 1980, los inquilinos de la Moncloa han dañado el tejido industrial, han saboteado las pymes y a los autónomos, han dejado el campo en manos de un puñado de señoritos y multinacionales y se han limitado a vivir de la construcción. Ayer mismo, la vicepresidenta económica rasgó otro velo al intentar salvar la cara a las instituciones financieras. La culpa del paro no es de «los bancos como sujetos individuales», dijo, sino del «exceso de crédito» que alimentó el ladrillo, del que procede el 40% del desempleo. Dejando a un lado el esperpento (¿quién concede los créditos?), no le faltaba razón: en efecto, la culpa no es ni de los bancos ni de las grandes empresas. Sólo hacen lo que hacen porque Gobiernos como el suyo los apoyan.
Madrid, junio.
— Jesús Gómez Gutiérrez
Jesús Gómez Gutiérrez. 