Un país avanzado · 17 de marzo de 2010
Según el último informe Foessa sobre desarrollo, correspondiente al año 2008, más de la mitad de la población española está socialmente excluida (17%) o en integración precaria (35,3%). Son de los datos que siempre desaparecen por la puerta de atrás; no llegan a primera plana y, si llegan, duran dos segundos en el debate político: al fin y al cabo, afectan a sectores de los que salen pocos diputados y menos directores de periódicos. Sin embargo, esos porcentajes se refieren sorprendentemente a personas y no sólo a animales de carga cuya explotación permite los magníficos sueldos de la España feliz.Esta semana se ha conocido un estudio de la FRAVM sobre el efecto de la crisis en los barrios madrileños; pobreza, marginalidad y desempleo crecientes con los nombres de toda la vida, desde Villaverde y Vallecas hasta Carabanchel y Lavapiés. Las políticas neoliberales nos han hecho retroceder treinta años; y como eso no basta, la derecha se ha embarcado en un proceso de destrucción sistemática de los derechos sociales. No hay dinero para los barrios pobres. No hay dinero para servicios de ningún tipo. Si pudieran, Aguirre y Gallardón desmontarían hasta las conducciones de agua y el alcantarillado; es decir, lo que queda después de ahogar todo lo público en transporte, universidades y sanidad. Pero achacar a la derecha la responsabilidad exclusiva del asunto sería bastante descortés.
El martes, se debatía en el Parlamento la subida del IVA, un impuesto tan democrático que los ricos y los indigentes lo pagan a pachas; como PP y CiU decidieron hacer demagogia con la verdad, el Gobierno coló tranquilamente una medida tramposa, que empeorará la situación de los más débiles y tal vez dañe el consumo, y se permitió el lujo de ningunar más de la cuenta a IU, NaBai y BNG. También el martes, pero en la UE, ese mismo Gobierno abofeteaba a sus partidarios progresistas al retirar la propuesta de reforzar el control internacional de los fondos especulativos porque «siempre es bueno tener el máximo consenso», en palabras de Elena Salgado. Y sin salirnos de día, Beatriz Corredor se felicitaba por las cifras de un gran engaño, la renta básica de emancipación, presentada como ayuda para los jóvenes cuando en realidad es una ayuda a los patronos del ladrillo.
Ahora bien, aunque el estudio de la FRAVM no trate específicamente la cuestión inmobiliaria, sucede que el proceso de marginalización de barrios enteros es consecuencia directa de un modelo urbanístico. De hecho, el problema más grave del PSOE en Madrid está en su política nacional de vivienda, centrada en que los precios no bajen mucho; porque los precios actuales, que ya pueden resultar socialmente aceptables en Extremadura, Andalucía, Galicia, etc., seguirán siendo socialmente excluyentes en la capital mientras no se tomen las medidas fiscales que tanto asustan en Moncloa. Es normal que los gobiernos de Aguirre y Gallardón se sientan seguros; en estas circunstancias, hasta sus responsabilidades exclusivas estallan en la base electoral del principal partido de la izquierda.
Una y otra vez, el Gobierno se ha hartado de repetir que sus medidas económicas son las mismas que se han tomado en los países de nuestro entorno. Muy cierto. Lo malo es que nosotros no tenemos ni la presión fiscal ni la inversión pública de los países que determinan esas políticas; lo que tenemos es lo que decía al principio: un 52,3% de la población condenada a la inexistencia. Si opta por retrasar ad eternum toda reforma estructural, el Partido Socialista se enquistará inevitablemente en el espacio de los liberalconservadores del siglo XIX. Entre tanto, lo mejor que puede hacer la izquierda social es empezar a trabajar por lo mismo que trabajaban los socialistas de entonces. Con los intereses que determinan una restauración monárquica, España nunca llegará a ser un país avanzado.
Madrid, marzo.
— Jesús Gómez Gutiérrez
Jesús Gómez Gutiérrez. 