Defensa del boicot · 18 de marzo de 2010

Los votantes de izquierda deberían recordar este detalle: el Partido Popular nunca ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Lo que permitió la mayoría absoluta del segundo gobierno de Aznar no fue el voto de los españoles, sino una ley electoral, la ley d'Hont, que subvierte el concepto más básico de la democracia, el de una persona, un voto; sus 183 escaños del 12 de marzo del año 2000 correspondían a 10.321.178 votantes (44,52% de los votos emitidos), menos que los de PSOE, IU, CiU y PNV juntos.

Menciono los resultados del PP no porque sean menos respetables, sino para quede claro hasta qué punto mienten los socialistas cuando en todas las elecciones generales apelan al voto útil, al voto del miedo; lo que mantiene esta situación y lo que podría dar el Gobierno a la derecha en las próximas elecciones no es la abstención ni el voto a terceras, cuartas o quintas fuerzas políticas, sino la negativa del PSOE a cambiar la ley electoral. Aclarado este punto, queda el asunto más importante: la ley d'Hont no sirve para crear mayorías estables en el Parlamento ni para asegurar una representación suficiente de las minorías, sino para mantener el status quo nacido del franquismo.

Ayer, 17 de marzo, el Partido Socialista, el Partido Popular y los nacionalistas se pusieron de acuerdo en la subcomisión pertinente del Congreso y rechazaron la sustitución de la ley d`Hont por cualquiera de las fórmulas que permitirían tener un sistema más proporcional, sin limitar gravemente la representación de las provincias menos pobladas. Ésta es una puntualización necesaria, porque nadie discute ese último aspecto. Pero a ninguna de esas fuerzas políticas les interesa la democracia ni el daño que le infligen al distorsionar el voto en un grado tan inaceptable como el actual. En el chiringuito del PSOE y el PP sólo importan sus intereses partidarios. Por eso han rechazado la propuesta del Consejo de Estado y por eso mantendrán su rechazo en el futuro.

Sin embargo, los ciudadanos progresistas tienen otros motivos para estar preocupados. En lugar de plantearse medidas contundentes, la segunda fuerza de la izquierda política, IU, reaccionó a la bofetada de la subcomisión con la tremenda amenaza de abandonar la propia subcomisión. IU, que se dice organización de la izquierda alternativa y se presenta como organización republicana, es incapaz de pasar a la acción cuando la ocasión lo merece. Su caracter radical, en el sentido de pretender ir a la raíz de las cosas, no es más que una estética útil para contraponerse al PSOE.

La ley d'Hont es un fraude a la soberanía popular, una estafa contra la que se debería rebelar cualquier demócrata, con independencia de su adscripción. IU todavía puede demostrar que no es un cadáver ni un beneficiario oculto de la propia ley, en la medida en que también cierra el paso a cualquier partido nuevo que intente competir por su espacio político. En primer lugar, debería convocar al resto de las minorías estatales para estudiar las respuestas políticas y quizás jurídicas posibles. En segundo, debería a apelar al conjunto de la ciudadanía, puesto que se trata de un problema que nos afecta a todos. Y en tercero, si nuestro ordenamiento no permite otra solución, debería utilizar el único lenguaje que el PSOE, el PP y los nacionalistas de derecha podrían entender: abandonar las instituciones o llamar al boicot de las próximas elecciones generales. Lo demás es palabrería.

Madrid, marzo.


— Jesús Gómez Gutiérrez


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