Al rescate · 24 de marzo de 2011

1. Todo sigue el plan establecido; un plan que nuestros Gobiernos niegan todos los días y que, no obstante, se cumple punto por punto desde hace años. Se hace por etapas y se hace «cuando toca», como diría cierto economista; se hace así porque si se dijera la verdad, que el desempleo se da por perdido, que no hay ni habrá crédito, que la deuda es impagable y que el Estado del Bienestar ha muerto incluso en la periferia de la propia UE, tendrían un problema. Esta noche, el titular del neo Consenso de Washington dice así: Sócrates dimite. La verdadera noticia, por más completa y por anuncio de la anterior, se produjo horas antes: El Banco Central Europeo deja de comprar deuda portuguesa.

2. Tres de los dieciséis jueces de la Sala Especial del Tribunal Supremo afirman que, con la ley en la mano, no se puede rechazar la inscripción de Sortu en el registro de partidos. Casi sorprende que tres de los dieciséis decidan fallar sin someter la Justicia a las conveniencias políticas del momento; pero sólo son eso, tres de dieciséis. Por si acaso, recordemos lo que se afirmaba en la exposición de la ley que ya no interesa aplicar: «El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas».

3. El Consejo de Estado insta al Gobierno a «prohibir» o «limitar severamente» los anuncios de prostitución en la prensa; se suma con ello a un sector muy determinado del propio Gobierno y al sector pleistocénico del feminismo (por suerte para el feminismo, hay otros) que admite toda conversión de las mujeres en «objeto de consumo» o «mercadería» salvo si la mercancía en cuestión es su cuerpo. Sin embargo, la legión de beatos ha aprendido de fiascos anteriores y ha encontrado una argumentación que no se reduce a sus prejuicios, a su hipocresía y a lo que ellos consideran de buen o mal gusto: la ley de protección de menores, porque el acceso a la prensa no se restringe a los menores de edad. Si el Consejo fuera valiente, habría reconocido la ocasión que se le presentaba: prohibir la prensa a los menores, por supuesto.

Madrid, marzo.


— Jesús Gómez Gutiérrez


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