Qué Justicia · 9 de febrero de 2012

Baltasar Garzón no era un revolucionario. Baltasar Garzón no era un activista. Baltasar Garzón no era, hasta donde sabemos, un republicano decidido a horadar los cimientos del régimen. Baltasar Garzón sólo era un juez que creía en el Estado de Derecho y en el concepto de justicia universal. Pero esta democracia de segundo nivel, cada vez más parecida a una dictadura, no admite el Estado de Derecho ni en sus interpretaciones puramente estéticas. Garzón se atrevió a juzgar los crímenes del franquismo y la corrupción endémica del país de los borbones. Hoy, lo condenan por lo segundo con la vista puesta en lo primero. Once años de inhabilitación. En otros tiempos, lo habrían tirado por una ventana.

El día 7, los diputados del PP y del PSOE se aplaudían entre ellos en un Parlamento del que se había marchado la izquierda. Homenajeaban a un asesino, Manuel Fraga, convertido en demócrata de siempre para no dañar la gran mentira de la transición, ese pacto de mafiosos que ha terminado por bañarse en la sangre del 25% de la población condenada a la pobreza y del 23% de la población en paro. Nadie podrá decir, ni ahora ni más tarde, que ocultaron sus intereses y sus motivos. Ya son casi cuatro décadas de extorsión, bajo el símbolo de un rey golpista y sin ahorrarnos escenificaciones. España es nuestra, decían sin decir. Unánimemente. Como la decisión del Supremo. Y si es suya, qué Justicia cabe.

El tiempo de las dudas terminó cuando nuestra élite rompió el contrato social y anunció que el límite de lo posible, ya bastante escaso, era demasiado generoso. Se engaña quien se quiere engañar. La desigualdad, el desempleo, la destrucción del Estado del Bienestar y del Estado de Derecho, excepto en la defensa de la propiedad privada, son pasos necesarios en una contrarreforma que apunta al corazón de la democracia. Si callamos, si esperamos, si acatamos sus leyes o, simplemente, nos mantenemos al margen, nos condenaremos todos. Con nosotros, ni siquiera necesitan un Tribunal Supremo. Seremos esclavos mientras no seamos República.

Madrid, febrero.

— Jesús Gómez Gutiérrez




Declaración de Baltasar Garzón ante la sentencia de la Sala 2 del Tribunal Supremo


Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy. Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.

He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.

Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.

Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.

La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.

Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.

Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.




— Jesús Gómez Gutiérrez


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